El Presidente :
Tiene la palabra para el mismo tema, hasta por 10 minutos, el diputado Marco Antonio Adame Castillo.
El diputado Marco Antonio Adame Castillo:
Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas y señores diputados:
En razón de nuestro deber como legisladores y representantes populares y ante los graves acontecimientos de violencia suscitados en el Congreso del Estado de Morelos, el pasado martes 31 de marzo, vengo a esta tribuna, por segunda ocasión, para denunciar los actos de barbarie antidemocrática, provocados por miembros del Partido Revolucionario Institucional y a fijar la posición del Partido Acción Nacional, en orden a contribuir a la vigencia del estado de derecho y a crear las condiciones para restablecer la justicia y la paz en Morelos.
Afirmamos que es la política orientada al bien común y el derecho y no la violencia, el único camino válido, para defender los legítimos intereses y posiciones en la vida de las sociedades civilizadas.
Confirmamos que la violencia sigue siendo el lenguaje de los que no tienen la razón y de quienes, carentes de argumentos y sustento legal y dominados por instintos primitivos, han optado por la defensa a ultranza, de un gobernador que, como ya hemos afirmado en esta tribuna, ha dañado con sus omisiones y encubrimientos, la vida normal de las instituciones y ha causado graves perjuicios a la sociedad y como consecuencia ha merecido la desconfianza de sus gobernados.
Quienes así actuaron optaron por la puerta falsa del uso irracional de la fuerza, contradiciendo su discurso político y enfrentando a una sociedad que optó por la transición pacífica a la democracia en las pasadas elecciones federales y locales.
Señoras y señores diputados: a pesar de los insultos, de los vituperios y de los golpes proferidos contra diputados del Partido Acción Nacional, los partidos de oposición en Morelos, en cumplimiento con su responsabilidad y fieles al mandato recibido en las urnas, en sesión celebrada y calificada como secreta, dieron curso a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aceptada en todos sus términos e instruyeron a las distintas comisiones para proceder en consecuencia.
Ante todo esto nos preguntamos: ¿qué pasa en Morelos? ¿Es éste el lenguaje de la democracia y de la justicia social? ¿Qué oscuros intereses se intentan proteger para llegar al extremo de defender lo indefendible? ¿Qué necedad o complicidad existe entre el gobernador y su partido político, para estar dispuestos en tiempos de debacle electoral y desintegración sistemática a pagar tan alto precio político?
¿Dónde dejan, quienes así actúan, el bienestar y la tranquilidad del Estado y de sus habitantes? ¿Qué buscan, acaso crear condiciones artificiales, para dar paso a una decisión central autoritaria, que en forma golpista pretenda resolver lo que las instituciones democráticas pueden hacer en uso de sus facultades? ¿Qué esperan? Que nos enteremos por los medios de comunicación de un acuerdo popular, operado al más alto y puro estilo antidemocrático.
No, señores diputados, Morelos tiene dignidad y exige respeto a sus instituciones. Al final del siglo una responsabilidad tiene, desde mi punto de vista, el Poder Legislativo, reflexionar seria y profundamente sobre el uso del poder. Estamos en el ocaso de un siglo marcado como siglo de la megamuerte, como consecuencia de un alto costo en vidas humanas y en derechos conculcados, por aquellos que en nombre del poder han infringido contra la sociedad en distintas latitudes, graves y serios perjuicios y éste es el caso de Morelos, donde la omisión y la ineptitud han lacerado a los ciudadanos morelenses.
El Partido Acción Nacional sostiene y actúa, en consecuencia, que en la transición política de México, es indispensable un Poder Legislativo independiente, vigoroso y fiel a su función primigenia de vigilar y acotar el uso del poder.
Por lo mismo, repudiamos estos graves acontecimientos y externamos nuestra más amplia solidaridad con el Congreso del Estado de Morelos.
Exigimos, a nombre de Acción Nacional, la renuncia de Jorge Carrillo Olea a la gubernatura, pues es inadmisible que sigan dándose ejercicios tan pedestres en el gobierno que encabeza.
Reiteramos nuestra posición encaminada a iniciar juicio político contra Jorge Carrillo Olea y proponemos un punto de acuerdo en los siguientes términos:
Ante los graves acontecimientos que han venido sucediendo en el Estado de Morelos, en agravio de la ciudadanía, como consecuencia de la participación de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia y de la aplicación de la ley, en hechos delictivos y omisiones graves relacionadas con violación a las garantías individuales que consagra nuestra Carta Magna en sus artículos 14 párrafo segundo; 16 en todos sus términos; 17 párrafo segundo; 19, en todos sus términos; 20 fracciones II, III, VIII, IX; 21 y 22, ante la consignación que de estas violaciones hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación número 25/98, clasificándolas en hechos que han generado inseguridad pública, deficiente procuración de justicia e ineficiencia en la administración de la misma y toda vez que el honorable Congreso de Morelos en su sesión extraordinaria el 31 de marzo, a pesar de las resistencias y actos violentos que se suscitaron para impedir el curso de dicha Asamblea legislativa ha aprobado aceptar en todos sus términos la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, antes mencionada, por considerar la existencia de graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales y convencidos de que estos graves acontecimientos requieren de una investigación exhaustiva por parte de todas las instancias que constitucionalmente tienen facultades para ello, a fin de que sea el derecho y la ley el medio para brindar seguridad y justicia a los ciudadanos y a efecto de que se deslinden las responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes, los abajo firmantes, diputados integrantes de la LVII Legislatura, proponemos a esta Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Que con fundamento en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Cámara de Diputados solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su intervención con la designación de uno o varios comisionados especiales para que averigüen los hechos contenidos en la recomendación 25/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que como señala, constituyen graves violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos en el Estado de Morelos.
Señor Presidente: con fundamento en el artículo 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, recibir y dar el turno correspondiente a esta propuesta, misma que en este momento entrego a la Secretaría.
Por su atención, muchas gracias.
Tiene la palabra para el mismo tema, hasta por 10 minutos, el diputado Marco Antonio Adame Castillo.
El diputado Marco Antonio Adame Castillo:
Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas y señores diputados:
En razón de nuestro deber como legisladores y representantes populares y ante los graves acontecimientos de violencia suscitados en el Congreso del Estado de Morelos, el pasado martes 31 de marzo, vengo a esta tribuna, por segunda ocasión, para denunciar los actos de barbarie antidemocrática, provocados por miembros del Partido Revolucionario Institucional y a fijar la posición del Partido Acción Nacional, en orden a contribuir a la vigencia del estado de derecho y a crear las condiciones para restablecer la justicia y la paz en Morelos.
Afirmamos que es la política orientada al bien común y el derecho y no la violencia, el único camino válido, para defender los legítimos intereses y posiciones en la vida de las sociedades civilizadas.
Confirmamos que la violencia sigue siendo el lenguaje de los que no tienen la razón y de quienes, carentes de argumentos y sustento legal y dominados por instintos primitivos, han optado por la defensa a ultranza, de un gobernador que, como ya hemos afirmado en esta tribuna, ha dañado con sus omisiones y encubrimientos, la vida normal de las instituciones y ha causado graves perjuicios a la sociedad y como consecuencia ha merecido la desconfianza de sus gobernados.
Quienes así actuaron optaron por la puerta falsa del uso irracional de la fuerza, contradiciendo su discurso político y enfrentando a una sociedad que optó por la transición pacífica a la democracia en las pasadas elecciones federales y locales.
Señoras y señores diputados: a pesar de los insultos, de los vituperios y de los golpes proferidos contra diputados del Partido Acción Nacional, los partidos de oposición en Morelos, en cumplimiento con su responsabilidad y fieles al mandato recibido en las urnas, en sesión celebrada y calificada como secreta, dieron curso a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aceptada en todos sus términos e instruyeron a las distintas comisiones para proceder en consecuencia.
Ante todo esto nos preguntamos: ¿qué pasa en Morelos? ¿Es éste el lenguaje de la democracia y de la justicia social? ¿Qué oscuros intereses se intentan proteger para llegar al extremo de defender lo indefendible? ¿Qué necedad o complicidad existe entre el gobernador y su partido político, para estar dispuestos en tiempos de debacle electoral y desintegración sistemática a pagar tan alto precio político?
¿Dónde dejan, quienes así actúan, el bienestar y la tranquilidad del Estado y de sus habitantes? ¿Qué buscan, acaso crear condiciones artificiales, para dar paso a una decisión central autoritaria, que en forma golpista pretenda resolver lo que las instituciones democráticas pueden hacer en uso de sus facultades? ¿Qué esperan? Que nos enteremos por los medios de comunicación de un acuerdo popular, operado al más alto y puro estilo antidemocrático.
No, señores diputados, Morelos tiene dignidad y exige respeto a sus instituciones. Al final del siglo una responsabilidad tiene, desde mi punto de vista, el Poder Legislativo, reflexionar seria y profundamente sobre el uso del poder. Estamos en el ocaso de un siglo marcado como siglo de la megamuerte, como consecuencia de un alto costo en vidas humanas y en derechos conculcados, por aquellos que en nombre del poder han infringido contra la sociedad en distintas latitudes, graves y serios perjuicios y éste es el caso de Morelos, donde la omisión y la ineptitud han lacerado a los ciudadanos morelenses.
El Partido Acción Nacional sostiene y actúa, en consecuencia, que en la transición política de México, es indispensable un Poder Legislativo independiente, vigoroso y fiel a su función primigenia de vigilar y acotar el uso del poder.
Por lo mismo, repudiamos estos graves acontecimientos y externamos nuestra más amplia solidaridad con el Congreso del Estado de Morelos.
Exigimos, a nombre de Acción Nacional, la renuncia de Jorge Carrillo Olea a la gubernatura, pues es inadmisible que sigan dándose ejercicios tan pedestres en el gobierno que encabeza.
Reiteramos nuestra posición encaminada a iniciar juicio político contra Jorge Carrillo Olea y proponemos un punto de acuerdo en los siguientes términos:
Ante los graves acontecimientos que han venido sucediendo en el Estado de Morelos, en agravio de la ciudadanía, como consecuencia de la participación de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia y de la aplicación de la ley, en hechos delictivos y omisiones graves relacionadas con violación a las garantías individuales que consagra nuestra Carta Magna en sus artículos 14 párrafo segundo; 16 en todos sus términos; 17 párrafo segundo; 19, en todos sus términos; 20 fracciones II, III, VIII, IX; 21 y 22, ante la consignación que de estas violaciones hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación número 25/98, clasificándolas en hechos que han generado inseguridad pública, deficiente procuración de justicia e ineficiencia en la administración de la misma y toda vez que el honorable Congreso de Morelos en su sesión extraordinaria el 31 de marzo, a pesar de las resistencias y actos violentos que se suscitaron para impedir el curso de dicha Asamblea legislativa ha aprobado aceptar en todos sus términos la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, antes mencionada, por considerar la existencia de graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales y convencidos de que estos graves acontecimientos requieren de una investigación exhaustiva por parte de todas las instancias que constitucionalmente tienen facultades para ello, a fin de que sea el derecho y la ley el medio para brindar seguridad y justicia a los ciudadanos y a efecto de que se deslinden las responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes, los abajo firmantes, diputados integrantes de la LVII Legislatura, proponemos a esta Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Que con fundamento en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Cámara de Diputados solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su intervención con la designación de uno o varios comisionados especiales para que averigüen los hechos contenidos en la recomendación 25/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que como señala, constituyen graves violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos en el Estado de Morelos.
Señor Presidente: con fundamento en el artículo 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, recibir y dar el turno correspondiente a esta propuesta, misma que en este momento entrego a la Secretaría.
Por su atención, muchas gracias.
